Tras ser detenido el lunes 4 de abril en República Dominicana Leonardo Nelson Cositorto, CEO de Generación Zoe, los abogados Marcelo, Joel y Ezequiel Torres, a cargo de la defensa de dos acusadas en la causa, dialogaron con prensaplus.com.ar.
Con respecto a lo que son los días por los plazos procesales para dictaminar la fiscal si se va a pedir la prisión preventiva o si va a dar la libertad, los días pasaron y eso no se resolvió. A la madre Silvia Fermani que es una persona grande, van a adjuntar el pedido de libertad junto a Silvana Abellonio ex pareja de Claudio Álvarez, que se presentó ante la Justicia, por las referencias que hacen en imputación se va a pedir prisión domiciliaria porque en definitiva tienen cuatro hijos y están transitando una edad juvenil de la adolescencia, ya que los hijos quedaron al desamparo de la suerte.
«Por este motivo fundamental se pedirá prisión domiciliaria, es una medida que contempla las garantías que resguarda la fiscal que en definitiva son de que no entorpezcan la investigación y que se fugue nuestra clienta, es una medida que contempla de que esta persona esté detenida pero en su casa», dijo Ezequiel Torres en diálogo con prensaplus.com.ar.
«En definitiva ellos no fueron los responsables, si acá hay responsables es quien estaba liderando esto, que tenía el dolo o la posibilidad de conocer lo que iba a hacer, ellos eran empleados de una sucursal, agregó Torres.
«Mi clienta Silvia Abellonio y su madre se presentaron espontáneamente, o sea, no tuvo que ir a buscarlas fiscalía y eso va a ser también uno de los elementos para pedir la prisión domiciliaria, cuál es la peligrosidad procesal, cuál es la diferenciación que hace la justicia al momento de resolver con las personas que se presentaron espontáneamente y que nunca mostraron un eventual peligro de fuga con las personas que no comparecieron espontáneamente y las tuvieron que buscar en otra ciudad, como ser el caso de Claudio Álvarez», dijo Torres.
«A las otras personas de un nivel más arriba en lo que es estructura de lo que se está investigando las tuvieron que ir a buscar a otros países, no estaban en Argentina sino que en República Dominicana, entonces espero que la justicia tenga una vara a la hora de medir entre la posibilidad de fugarse y como se han comportado ante la investigación», indicó Torres.
A todos se los acusa por lo mismo, asociación ilícita -Art 210 del Código Penal, y estafa, Art 72 del Código Penal, y así se las acusó como coautoras. Entre los damnificados, también se acusó a Maximiliano Javier Batista y Leonardo Nelson Cositorto.
» Primero hay que ver si es demostrado si es culpable Cositorto porque la gente avanza y pasa a la última etapa que es la condena, todavía no lo indagaron, en segundo lugar, en el proceso penal hay que ver si la causa queda en Villa María o potencialmente se radica en Buenos Aires y en tercer lugar, eventualmente Cositorto dijo que hay que ver que pasa si cumple y paga, que medidas se van a tomar y por último, si le van a embargar inmuebles que tiene. Además, una de las posibilidades con la que está cautelado se pueda llegar a reparar los montos por las proporcionalidades de las personas que fueron damnificadas, esa es una posibilidad», expresó Torres.
«La mayoría de la gente no puso capitales que no pueda acreditar, por lo general invirtieron muy poco, han puesto 500 o 1000 dólares, si el dinero no se devuelve realmente serán damnificados y se han aprovechado de gente muy humilde, mi clienta está convencida que Cositorto va a salir y va a poner el capital que prometió en algún momento», agregó Torres en diálogo con prensaplus.com.ar.
Graficando un poco el panorama respecto a su clienta y a las demás personas que fueron la cara visible en las distintas oficinas Torres dijo «Si algún banco en algún momento como fue el corralito no cumplió, ¿ extendió la responsabilidad a los empleados del banco ?, cuando fue lo del corralito hubo empleados que también fueron damnificados, ¿ a los que les hicieron poner la cara se ha visto que hayan sido responsables con su patrimonio ?, en este caso intervino el Estado». «La gente que puso la oficina y nunca tuvo un tema penal ,me parece que hay un aprovechamiento con gente que puso la cara y no creo que esa persona tenga una responsabilidad penal ni perspectivas con respecto a la causa».
«En definitiva estamos a la espera de que se devuelva el patrimonio porque son de gente muy humilde y hay que reparar el daño que han hecho, si realmente hay un responsable es quien dijo realmente que va a cumplir y luego no lo hizo. Por lo que tengo entendido la gente de las oficinas han puesto a sus familiares directos y amigos por lo que creo, que no hayan querido estafar a ellos en la localidad de donde son parte, si alguien piensa que un familiar o amigo te estafó serán cuestiones muy subjetivas y creo que las personas de las oficinas son victimas también» aseguró Torres.